29 / 12 / 2025
El director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Bravo, participó en una nota publicada por el diario El Mercurio titulada “Propuesta de renovación automática de cargos beneficiaría a 1 de cada 2 funcionarios”, donde abordó los alcances y riesgos de la regulación del principio de confianza legítima en el sector público.
En la publicación, Bravo sostuvo que la regulación de este principio debía ser debatida sin la premura asociada al reajuste del sector público, advirtiendo que su implementación apresurada podía generar efectos no deseados en la gestión estatal.
El economista explicó que uno de los principales riesgos de la confianza legítima era la rigidización del empleo público, ya que reducía el margen de maniobra para realizar ajustes necesarios, como el cierre de programas ineficientes o con evaluaciones deficientes.
En esa línea, Juan Bravo enfatizó que la imposibilidad de liberar recursos dificultaba una asignación eficiente del gasto público, considerando que los recursos fiscales son limitados frente a las múltiples necesidades de la población.
Asimismo, el director del OCEC-UDP advirtió que otra consecuencia relevante de este principio era el aumento de la judicialización, lo que podía resultar altamente costoso en términos de recursos y generar una sobrecarga adicional en el sistema judicial.
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