En una nota publicada por Diario Financiero, José Acuña, economista e investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), profundizó en el impacto económico del diferencial de licencias médicas entre trabajadores del sector público y privado. Según el análisis, esta brecha representó un costo total de US$652 millones en 2022 y de US$833,2 millones en 2023, lo que suma US$1.400 millones en solo dos años.
Acuña explicó que estos cálculos se realizaron a partir del ingreso mensual promedio de los asalariados formales del sector público y el número de cotizantes con derecho a licencia médica. “Otra manera de interpretar estos resultados es el ahorro de costos por tiempo no trabajado que se pudo haber logrado si el número de licencias médicas pagadas a los trabajadores del sector público se hubiese igualado a lo observado en el sector privado”, señaló.
El economista planteó la necesidad de endurecer las sanciones tanto al emisor como al solicitante de licencias médicas. “Sería relevante modificar la normativa laboral para que, en los casos en que esté debidamente comprobado que un trabajador entregó antecedentes clínicos falsos, ello sea causal de término de contrato sin derecho a indemnización”, afirmó.
No obstante, Acuña recalcó que la legislación por sí sola no basta. “Es clave la gestión, y que los empleadores —públicos y privados— ejerzan activamente las atribuciones que les otorga la normativa para controlar el cumplimiento de las licencias”, sostuvo. Entre las medidas sugeridas, propuso implementar estrategias de seguimiento y monitoreo del estado de salud de los trabajadores con licencia, especialmente en los casos de licencias de mayor duración.
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