En entrevista con Radio Bío-Bío, Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales (UDP), analizó el contexto y las implicancias del aumento de licencias médicas en el sector público, a propósito de las investigaciones recientes en curso. El académico destacó que el fenómeno refleja una crisis estructural del empleo público y llamó a reformar el estatuto administrativo.
Espinoza explicó que la falta de probidad es una de las infracciones más graves que puede cometer un funcionario público, y detalló los mecanismos que existen para investigarlas: “Por eso existen instancias como los sumarios administrativos, que permiten determinar, en base a evidencia, si se incumplieron normas o se cometió una falta grave. En caso de daño patrimonial, se activa el juicio de cuentas”. Añadió que estos procesos no son rápidos y que la desvinculación de un funcionario de planta puede tardar más de un año.
El académico también alertó sobre un hallazgo preocupante: “Un estudio de la UDP muestra que la cantidad de licencias médicas en el sector público prácticamente triplica la del sector privado. Esto refleja un problema más profundo: la necesidad urgente de modernizar el empleo público, la carrera funcionaria y el estatuto administrativo”.
Espinoza enfatizó que el estatuto vigente impide una gestión estatal dinámica. “Hoy, un funcionario puede pasar años en el mismo cargo, sin incentivos reales para ascender. Esto no solo limita el desarrollo profesional, sino que también dificulta el ingreso de nuevas generaciones con competencias clave, como la ciencia de datos o la inteligencia artificial”.
Finalmente, destacó como positiva la iniciativa de la Contraloría de cruzar bases de datos para detectar irregularidades, pero instó a mirar hacia atrás: “Estos hallazgos recientes de 2023 y 2024 nos llevan a preguntarnos: ¿qué ocurrió antes? Hay que revisar qué se ha estado escondiendo bajo la alfombra”.
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