José Acuña expuso desafíos estructurales para reducir la informalidad laboral en columna publicada por La Segunda

En una reciente columna publicada por el diario La Segunda, el investigador del Observatorio del Contexto Económico (OCEC-UDP), José Acuña, analizó las limitaciones de las políticas actuales frente a la informalidad laboral en Chile y advirtió sobre la necesidad de abordar causas estructurales que perpetúan este fenómeno.

Bajo el título “Informalidad laboral: una historia incompleta”, Acuña planteó que, si bien elevar la capacidad de crecimiento económico del país es fundamental, este factor por sí solo no garantiza una disminución sostenida de la informalidad laboral. A su juicio, la informalidad responde también a barreras institucionales, regulatorias y sociales que deben ser abordadas de manera directa mediante políticas públicas específicas.

El texto destaca que existen aún márgenes significativos para avanzar en la formalización del empleo, pese a los esfuerzos realizados en la última década. De hecho, Acuña señaló que Chile no ha logrado superar los niveles más bajos de informalidad laboral registrados hace más de diez años, lo que evidencia una falta de efectividad en las medidas aplicadas hasta ahora.

Entre las propuestas destacadas en la columna, el investigador del OCEC-UDP mencionó la implementación de subsidios para complementar ingresos, junto con la reducción de los costos asociados a la postulación a estos beneficios, a través de herramientas como una ventanilla única. Esto permitiría una mayor accesibilidad para los trabajadores informales que hoy enfrentan trabas administrativas.

Además, Acuña subrayó la necesidad de asistencia gratuita en materias tributarias, como el llenado de formularios o la contabilidad básica, que hoy suponen una carga significativa para quienes buscan ingresar al sistema formal. Esta medida apuntaría a facilitar el cumplimiento normativo por parte de pequeños empleadores y trabajadores por cuenta propia.

Otro aspecto crítico abordado por el investigador fue la existencia de regulaciones que inhiben la contratación formal, entre ellas, el beneficio de sala cuna, que encarece especialmente la contratación de mujeres en jornada parcial. Según explicó, estas normativas bien intencionadas pueden tener efectos contraproducentes si no se diseñan con criterios de equidad y flexibilidad.

Finalmente, la columna hace un llamado a considerar que la informalidad no es únicamente un problema económico, sino también un fenómeno social y estructural que afecta el acceso a derechos laborales, previsionales y de salud. Por ello, plantea que una estrategia efectiva debe combinar crecimiento económico, rediseño normativo y asistencia directa a quienes están fuera del sistema.

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