Ana Sofía León: evidencia empírica como hoja de ruta de las transformaciones sociales

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12 / 05 / 2022

La economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Máster en Políticas Públicas y PhD en Políticas Públicas, por la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago, es académica del Departamento de Economía e investigadora asociada del Observatorio del Contexto Económico de la Facultad de Economía y Empresa, y dirigió el Magíster en Políticas Públicas desde principios de 2018 hasta Diciembre 2021. La profesora León se refiere a la investigación como la herramienta para discernir los mecanismos que construyen la realidad -más allá de las percepciones ó supuestos preconcebidos culturalmente o políticamente- y a la evidencia científica como un insumo fundamental para identificar y responder a las necesidades de la sociedad.

Sus áreas de especialización son la economía de la salud, los métodos econométricos para la evaluación de programas, y la economía laboral. Sus investigaciones y estudios están estrechamente relacionados con la contingencia del ser humano y su contexto institucional y económico, ya que estudia cómo las sociedades disminuyen o exacerban la incertidumbre que enfrentan las personas a lo largo de las distintas etapas de su vida.

En el contexto de incertidumbre que se aprecia en el país por los inminentes cambios políticos, ¿cómo puede la economía puede otorgar certezas, y cuáles son?

La economía no otorga certezas. Se constituye de procesos dinámicos entre agentes. Y los economistas, al comprender dichos procesos, predicen resultados.

La ciencia económica es el estudio de la asignación de recursos escasos para fines múltiples. Estudia la toma de decisión individual, de grupos, o de un planificador central (llámese gobierno), en términos de cómo se asignan los recursos disponibles de acuerdo a un conjunto de preferencias con objetivos de bienestar individual o social. Para ello usamos datos que nos permiten comprobar o cuestionar modelos teóricos que caracterizan el comportamiento de los agentes económicos y sus consecuencias sociales.

Lo que le puede dar certeza a las personas es el marco institucional dentro del cuál los individuos actúan; dentro del cuál toman sus decisiones, y a partir del cuál se garantizan -o no- un mínimo de seguridad y un mínimo de recursos para cada ciudadano, independientemente de su suerte. O  independientemente de lo que llamamos la lotería del nacimiento. De ahí que son los actores políticos los que deben de darle certeza a los actores de la economía personas, empresas, inversionistas. De la misma manera, es responsabilidad de los votantes elegir representantes que ofrezcan proyectos institucionales continuos o innovadores que construyan certeza económica para los ciudadanos.

¿Cuáles son sus intereses temáticos como investigadora y por qué?

Como doctora en Políticas Públicas mi objetivo es responder, con el mayor rigor posible, preguntas relevantes para la sociedad, ésas que ponen en tela de juicio la eficacia de políticas públicas, las que no tienen otro objetivo más que ofrecer una red de protección social para las personas.

De manera general, mi agenda de investigación gira alrededor de la vulnerabilidad económica de los y las trabajadoras,  la que queda en evidencia cuando se enfrentan a distintas fuentes de riesgo (choques de salud, choques de desempleo) o al enfrentar procesos relacionados con el ciclo de vida, como el nacimiento de un hijo o la jubilación. Así, a través de mi trabajo, pongo a prueba en qué medida los sistemas institucionales locales son capaces de atenuar dicha vulnerabilidad, siempre pensando en que solo con conocimiento científico se puede construir una sociedad más equitativa.

Más específicamente, mi trabajo se centra en la relación que existe entre “salud” y “vulnerabilidad económica” para entender hasta qué punto las políticas públicas en materia de salud y protección social -y en particular los sistemas que las garantizan- brindan protección financiera en salud y acceso efectivo a servicios de atención de todos niveles.

La segunda línea de investigación está enfocada en medir e identificar los mecanismos que afectan la asimilación económica y la movilidad intergeneracional de los inmigrantes y sus descendientes. Otros intereses incluyen la asimilación económica y la movilidad intergeneracional de los inmigrantes y sus familias y las relación entre la inestabilidad de los ingresos laborales y la desigualdad económica.

Durante los últimos dos años, la pandemia de COVID19 y las diversas medidas gubernamentales de contención y prevención renovaron mi interés en estudiar la relación intrínseca entre vulnerabilidad económica, riesgos financieros y los riesgos y desprotección sanitaria que enfrentan las personas en Latinoamérica.

¿Cuáles han sido algunos de sus principales hallazgos en torno a sus investigaciones?

Muchas veces se tiende a suponer que ofrecer un seguro de gastos médicos evita caer en la pobreza cuando ocurre un choque de salud grave. De hecho, la seguridad financiera en salud es uno de los argumentos que la Organización Mundial de la Salud emplea para abogar por la creación de los seguros universales de salud en los países en desarrollo. Sin embargo, lo que hace que un gasto en salud sea considerado “catastrófico” es el peso del gasto en salud relativo a la capacidad de pago de los hogares. Cuando una persona pierde capital humano por sufrir un choque en salud -como un accidente o un evento crítico cardíaco-, no sólo debe incurrir en gastos en cuidados de salud sino que, simultáneamente, pierde parcial o totalmente su capacidad de generar ingresos.

Uno de mis principales hallazgos es que ante la falta de seguros sociales de salud y discapacidad, cualquier accidente o enfermedad daña significativamente y permanentemente el bienestar de un hogar. Medido a través de su gasto per cápita, son los ingresos perdidos y no los gastos en salud los que impactan negativamente la economía de un hogar. Los datos de encuestas de hogares de México sugieren que, en promedio, los hogares se empobrecen permanentemente con un choque en salud solo cuando las personas afectadas son sostenedoras del hogar. Por lo tanto, el componente de ingresos perdidos por pérdida de productividad parece pesar más que el de gasto en salud en el riesgo financiero que enfrentan por los hogares sin seguros sociales.

A fines del año pasado ganó un fondo concursable del Observatorio del Contexto Económico en el que planteaba comparar los costos y los beneficios -económicos y sociales- de las cuarentenas totales realizadas en Chile durante 2020 y 2021. ¿Cuál es el estado de avance? ¿Puede compartir algunos resultados?

Claro, el estudio lo desarrollé junto con la investigadora Luna Bratti y éste tenía por objetivo documentar la carga económica y vital que tuvo la epidemia de COVID19 durante 2020 en Chile para, luego, ponderar los costos económicos contra los beneficios estimados de las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno a partir del análisis de datos vitales, datos macroeconómicos y de la evidencia encontrada en la literatura para Chile y el resto del mundo.

Entre otros resultados están los siguientes:

  1. Las comunas dentro de los deciles intermedios por pobreza de ingreso, del 3 al 7, son aquellas que presentaron las mayores tasas de muertes por 100 mil habitantes y en todos los tramos de edad. Pero hubo una en particular: la población en edad de trabajar (entre 20 y 75 años), un segmento que sufrió más del 50% de las defunciones.
  2. Los beneficios vitales de las cuarentenas no se repartieron equitativamente en Chile. Encontramos que conforme aumenta el nivel de pobreza por ingreso de las comunas, disminuye la sensibilidad de la movilidad de sus habitantes a la imposición de cuarentenas.
  3. La carga económica que representaron las defunciones directamente atribuibles al COVID19 ocurridas durante 2020 asciende, como mínimo, a 45,2 miles de millones de dólares, de acuerdo al valor que la sociedad le atribuye a evitar una muerte. Esto, sobre la base de estimaciones que emplean la metodología del valor estadístico de una vida.
  4. Otro de los hallazgos fue que el límite superior del costo económico de la cuarentena fue de 15,6 miles de millones de dólares de 2019, lo que equivale a no prevenir 7.677 muertes evaluadas al valor estadístico de la vida. Por lo tanto, siempre y cuando la cuarentena le haya permitido a la sociedad evitar al menos 7.677 muertes, ésta puede considerarse como una política pública de costo eficiente desde la perspectiva económica.

De esta manera, concluimos que para lograr que las cuarentenas sean más costos-eficientes y sus beneficios se repartan de manera más equitativa entre la sociedad, se deben de implementar y complementar con medidas de apoyo económico. Así, aún las personas más vulnerables estarían en posibilidades de respetarlas.

De acuerdo a nuestras estimaciones, el beneficio económico de las vidas salvadas supera ampliamente el costo económico de las medidas de acompañamiento que permiten que las cuarentenas sean un mecanismo efectivo para contener una epidemia.

Pueden consultar el documento completo en el siguiente vínculo.

Son muchos los impactos de la pandemia ¿Cuáles diría que han sido los que han afectado su trabajo investigativo?

Cuando comenzó la pandemia, yo era la directora del Magíster en Políticas Públicas de la UDP, profesor asistente del departamento de economía, docente de cuatro cursos en pregrado y posgrado. Pero también era (soy) una mujer migrante, entonces madre de dos niñas (de 2 y 4 años), a quienes crío junto con mi pareja. También era hija de médicos, ambos mayores de 65 años que continuaron atendiendo pacientes críticos sin estar vacunados. También era una mexicana contemplando a la distancia cómo México rápidamente ascendía en el ranking de tasa de mortalidad por COVID en población general y entre profesionales de la salud (hoy es #1).

Mis proyectos de investigación se fueron retrasando progresivamente debido a que, la transición a la impartición de clases en línea implicó tiempo de preparación adicional; y, el MPP enfrentó diversos retos asociados a la pandemia. Pero sobre todo, porque el tiempo de trabajo remunerado durante el día perdió espacios ante la urgencia de cumplir con tareas de trabajo no remunerado como educadora sustituta del colegio y madre de familia. Hoy en día sabemos gracias a múltiples investigaciones que la infancia temprana entre los 3 y los 6 años es una etapa particularmente crítica en la formación de habilidades sociales y cognitivas de las personas, y esa es justo la etapa que vivimos en cuarentena. A pesar de que trabajaba en horarios extendidos no lograba compensar satisfactoriamente las horas reasignadas.

Sin embargo, lo más duro -poniendo a parte la incertidumbre pandémica que todos vivimos social y familiarmente- no fue la decisión de priorizar el uso del tiempo en lo urgente, sino fue el sentimiento de retraso relativo con respecto a mis pares hombres o mujeres sin hijos. Al final del 2020, yo era la única mujer en el departamento de economía y todos mis puntos de referencia enfrentaban circunstancias distintas a la mía. Hoy es sabido que mi situación la comparten muchas de las académicas con hijos chicos y, en mi opinión, las universidades deben de tomar medidas compensatorias para permitirle a las académicas retomar su camino pues las circunstancias que vivimos fueron totalmente excepcionales.

En lo personal agradezco a la Facultad de Economía y Empresa por su apoyo en ese sentido.

¿Quiere hacer referencia a alguna otra investigación que esté llevando a cabo?

Este año comencé un proyecto junto con Misty Haynes, investigadora de la Universidad de Maryland, que busca documentar las experiencias diferenciadoras de las madres trabajadoras en México y Chile, tanto al comienzo del COVID-19 como a medida que la pandemia se prolongó en 2021 y 2022. Buscamos responder la pregunta de cuáles fueron las desventajas de las madres de hijos en edad escolar respecto a los hombres o a las mujeres sin hijos en términos de su recuperación económica y su capacidad de retorno al trabajo. Medimos esto mediante el estudio de cuatro variables de resultados económicos: participación en la fuerza laboral, trabajo activo (tiene un trabajo y lo está haciendo), desempleo y licencia (remunerada y no remunerada) del trabajo.

Elegimos estos dos países debido a sus contrastantes respuestas y resultados pandémicos en términos de tasas de mortalidad por COVID19. México continuó con pocas o ninguna medidas preventivas que impidiera el libre tránsito de personas  a nivel local o transnacional y mantuvo casi todo el tiempo la mayoría de los negocios abiertos. Solo las escuelas se mantuvieron cerradas durante más de 250 días (el más alto entre los países de la OCDE).

Asimismo el gobierno de México no ofreció ninguna ayuda para atenuar las dificultades económicas relacionadas con la pandemia. Chile, por otro lado, tuvo una fuerte respuesta preventiva de salud pública a la pandemia. Además, y aunque tardíamente, el gobierno chileno sí tomó varias medidas para brindarle liquidez a los hogares, incluida la licencia laboral temporal remunerada, la que fue pagada a través del acceso a los fondos del seguro de desempleo.

En el contexto de estas dos respuestas gubernamentales tan distintas, ¿cómo era la oferta laboral de las mujeres, específicamente la oferta laboral de las madres, en cada país? ¿Qué ocurre con las hermanas mayores dada la incapacidad de contar con los abuelos para el cuidado debido a las muertes de personas mayores relacionadas con COVID o la necesidad de distanciamiento social para proteger a los adultos mayores, a las abuelas?

Nuestro estudio tiene por objetivos generar conciencia específicamente sobre el tema de las dificultades del acceso al trabajo remunerado para las mujeres con hijos en edad escolar. Si bien la licencia laboral temporal parece ser un instrumento exitoso para recuperar el empleo en 2021, en Chile es posible que las mujeres no hayan tenido el mismo acceso o la misma tasa de retorno que los hombres.

Más allá de documentar la cantidad de licencias del trabajo que las madres tuvieron que tomar, buscamos conectar la intermitencia laboral y sus costos en términos del desarrollo laboral, con el aumento de la brecha de género tanto en los niveles como en las trayectorias de ingresos de las y los trabajadores.

La literatura tiende a centrarse en los costos de salud o en los costos de la actividad económica de la pandemia, pero se ha prestado menos atención a los trade offs o balances realizados dentro de los hogares en términos la reasignación de recursos necesaria para hacer frente a la pandemia y en qué medida esas reasignaciones afectan a las mujeres desproporcionadamente.