Mauricio Villena - La Tercera
23 / 06 / 2021
El mercado laboral chileno ha sido afectado de manera importante por la pandemia. El año 2020, después de cinco meses de destrucción de empleos, se llegó incluso a los 2 millones de puestos de trabajo perdidos. A partir de julio de 2020 hasta fines de ese año la tasa de desempleo se redujo de 13,1% a 10,3%. Sin embargo, debido a una nueva política de cuarentenas masivas a principios del 2021, el mercado laboral se estancó, siguiendo el desempleo a nivel nacional en los dos dígitos. Al día de hoy se mantiene en dicho nivel, habiendo cerca de un millón de empleos perdidos por recuperar.
¿Es este entonces el mejor momento para un aumento sustantivo del salario mínimo? La CUT y el Congreso creen que sí: la recientemente electa presidenta de la CUT, Silvia Silva, ha declarado que la propuesta de la multisindical sobre salario mínimo sigue siendo de $500.000 y las comisiones unidas de Trabajo y Hacienda del Senado rechazaron la idea de legislar del incremento del salario mínimo propuesto por el gobierno, que presentó un alza de 3,2%, debiendo la discusión ahora ser resuelta por una comisión mixta.
Ante esto una primera reacción de sentido común sería que un reajuste del salario mínimo muy por sobre la inflación anual (que el año 2020 alcanzó un 3%), podría generar una restricción adicional a la reactivación del empleo, sobre todo para las Pymes, que se han llevado la peor parte en este período, especialmente en los sectores más afectados por las restricciones a la movilidad, llámese turismo, restaurantes y hoteles, transporte y otros servicios. De hecho, son las Pymes las principales empresas donde se pagan salarios mínimos a los trabajadores y un reajuste muy alto le pegaría directamente a este segmento empresarial. Segundo, también podría preverse que un aumento del salario mínimo muy elevado podría incentivar aún más la informalidad laboral, con el consiguiente daño previsional para los trabajadores, al no estar ahorrando para su jubilación. Esto podría precarizar aún más el ahorro individual previsional en los sectores de menores ingresos, ya fuertemente afectados por los tres retiros de fondos previsionales aprobados por el Congreso.
Aunque existe evidencia en la literatura económica que aumentos moderados del salario mínimo ayudan a reducir la pobreza y causan poca pérdida de empleo, es claro que estos resultados pueden ser menos aplicables al presente dado los aumentos planteados y la actual incertidumbre en torno al contexto económico chileno. Por ejemplo, Jeffrey Clemens y Michael Wither (2019) estudiaron el impacto del aumento del salario mínimo federal en EE.UU., el cual coincidió con la recesión de 2007-09, comparando que pasó con el empleo en los estados donde la política aumentó los salarios con los estados donde no lo hizo porque el salario mínimo local ya era más alto, concluyendo que el aumento perjudicó significativamente el empleo entre los jóvenes de 16 a 30 años que habían abandonado los estudios. Este estudio pone en evidencia el riesgo de aumentos bruscos del salario mínimo en tiempos inestabilidad económica y los potenciales efectos negativos en grupos vulnerables de la población.
De aquí es claro que, siendo la principal tarea de las autoridades el impulsar el empleo en medio de la crisis sanitaria, no parece prudente un aumento desmedido del salario mínimo. En este contexto, la propuesta del gobierno de un alza de 3,2% del salario mínimo y elevar el ingreso mínimo garantizado parece razonable en estos tiempos.